El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid ha emitido un auto por el que paraliza los acuerdos del Consejo de Enfermería de Castilla y León por los que se daba la baja a Enrique Ruiz Forner como presidente del Colegio de Ávila.
(Publicado en diariodeávila.es el 22 de junio de 2020)
"El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid ha paralizado los acuerdos del Consejo Regional de Enfermería de Castilla y León por los que se daba de baja como presidentes de los Colegios Profesionales de Enfermería de Ávila y Zamora a Enrique Ruiz Forner y Andrés Pérez Santamaría, respectivamente. Así lo ha confirmado el Colegio de Enfermería de Ávila en un comunicado en el que recuerdan que estas dos personas conforman la oposición contra el actual presidente del Consejo, Alfredo Escaja, que concurre a las elecciones.
El auto dictado por el Juzgado vallisoletano suspende “de manera inmediata los acuerdos adoptados” por el Consejo Regional “en lo que se refiere al cese de Enrique Ruiz Forner y de Andrés Pérez Santamaría como presidentes de los Colegios de Enfermería, respectivamente de Ávila y Zamora”.
Recuerdan desde el Colegio de Ávila que estos presidentes, “que habían sido suspendidos por el órgano colegiado autonómico presidido por Escaja, encabezan una candidatura a las elecciones al Consejo de Castilla y León que contaba con el respaldo mayoritario del censo electoral, con seis de los nueve colegios provinciales, que en total superan el 50% del total de colegiados necesarios para ganar unas elecciones”.
El auto judicial aclara que también quedan suspendidos todos “los acuerdos posteriores” que sean consecuencia del cese de los presidentes de los Colegios de Enfermería de Ávila y Zamora y “que afecten al censo y al proceso electoral”, que, de esta forma, queda blindado por decisión judicial.
El juez ha tomado su decisión con carácter urgente como consecuencia de la demanda presentada por los afectados, aceptando la petición de medidas cautelares y concediendo al Consejo de Enfermería de Castilla y León un plazo de 10 días para que alegue lo que crea oportuno a efecto de poder adoptar la decisión ya
